Jornada de Actualización en PLAFT. No dejes pasar la oportunidad

Una capacitación imprescindible para todos los sujetos vinculados de alguna forma al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

No dejen pasar la oportunidad …

Inscripciones por aquí https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9

Jornada de Actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Los invito a participar de esta jornada organizada por SMS Uruguay donde, junto a Félix Abadi y a Adrián Gutiérrez, incursionaremos en el análisis de aspectos concretos del sistema.

El evento se desarrollará en una jornada matutina donde analizaremos 4 temas de total actualidad previa introducción general del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a saber:

  • Nuevas Tecnologías, derecho y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Fintech, Cryptomonedas y Blockchain).
  • Inspecciones UIAF y SENACLAFT. Derechos, deberes y garantías de los Sujetos Obligados.
  • El reporte de operaciones sospechosas y su vinculo con los delitos precedentes con especial foco en el delito de Defraudación Tributaria como delito Precedente.
  • La nueva regulación de «congelamiento» de bienes en caso de coincidencias en materia de Financiamiento del Terrorismo.

Dirigido a personal vinculado al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, profesionales, sujetos obligados (financieros y no financieros).

Por información e inscripciones les dejo el siguiente link https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9 y el flyer

¿Se derogó la instancia de parte en el delito de defraudación tributaria en Uruguay?

El título de este post obedece a varias discusiones que he mantenido con mi socio Félix Abadi respecto del punto en análisis.

Dirán ustedes ¿que tendrá que ver el Derecho del Lavado de Activos en este esta discusión?

La verdad que mucho y ello, nuevamente, por la confusa técnica legislativa utilizada por nuestro legislador.

La regulación de la defraudación tributaria como delito precedente de lavado de activos

La Ley Integral incorporó, como novedad, el delito de defraudación tributaria como delito precedente de lavado de activos en su artículo 33, numeral 25) del siguiente modo:

«Defraudación tributaria, según lo previsto en el artículo 110 del Código Tributario, cuando el monto de el o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a:»

«A)   2.500.000 UI (dos millones quinientos mil unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018.»

«B)   1.000.000 UI (un millón de unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2019.»

«Dicho monto no será exigible en los casos de utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento, ideológica o materialmente falsos con la finalidad de disminuir el monto imponible u obtener devoluciones indebidas de impuestos.»

«En las situaciones previstas en el presente numeral el delito de defraudación tributaria podrá perseguirse de oficio

Posibles lecturas de la norma

Si alguien no realizara una interpretación lógico-sistemática de la norma bajo estudio podría, en base a su tenor literal, sostener que en caso de defraudación tributaria (con el tipo definido en el art. 110 del Código Tributario sobre el que no existe demasiado acuerdo jurisprudencial sobre la casuística) mayor a UI 1.000.000 de tributos a partir del corriente año o, en caso de, «…utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento, ideológica o materialmente falsos con la finalidad de disminuir el monto imponible u obtener devoluciones indebidas de impuestos» las administraciones tributarias han perdido la facultad de la instancia de parte.

Ello en base a que el giro utilizado por la norma indica que cuando ello sucede «…el delito de defraudación tributaria podrá perseguirse de oficio».

Notese que la norma no indica que lo que no precisará la instancia de parte será el proceso penal vinculado a un delito de lavado con origen en una defraudación tributaria precedente. En realidad ello surge claro de la Ley Integral por lo que no sería necesario manifestarlo expresamente.

Si esta fuera la interpretación que la jurisprudencia le diera a la norma, en los hechos implicaría que la DGI, o, mejor dicho, sus funcionarios (por la obligación que los funcionarios públicos tiene de denunciar los delitos que perciben en el ejercicio de sus funciones contenida en el artículo 177 del Código Penal) se verían obligados a realizar la denuncia, aún cuando eventualmente hubieran llegado a un acuerdo administrativo con el administrado.

Basta imaginarse, en los hechos, la gravedad de esta circunstancia en tanto cualquier persona sobre la que pueda haber sospechas de defraudación (dentro de los supuestos indicados) a nivel administrativo deba, necesariamente, ser denunciada penalmente.

Mi opinión

La norma, en sus antecedentes, solamente intento incorporar al delito de defraudación tributaria a efectos de considerárselo como delito precedente de lavado de activos.

No fue la intención de la norma modificar la instancia de parte que ostentan los organismos recaudadores a efectos del delito de defraudación tributaria.

El giro señalado, no puede interpretarse, ni por sus antecedentes legislativo, ni en una lógica sistemática del sistema penal como una derogación de las disposiciones del Código Tributario al respecto. Y ello por más que las disposiciones de la propia Ley Integral dispongan que todas las normas que se le opongan se deberán considerar derogadas (art. 79).

Recordemos que las disposiciones del art. 33 de la Ley Integral regulan a los delitos precedentes de la siguiente forma: «…Son actividades delictivas precedentes del delito de lavado de activos en sus diversas modalidades previstas en los artículos 30 a 33 de la presente ley, los siguientes delitos…»

Evidentemente la norma solamente regula las figuras delictivas que tipifican un delito precedente de lavado de activos, no regulan nuevos tipos de delitos o modifican los existentes.

Afirmar que se ha derogado la instancia de parte en la defraudación tributaria es igual a sostener que el delito de rapiña también se ha modificado y que solamente lo será cuando sea cometida por un grupo delictivo organizado y el monto real o estimado obtenido sea superior a 100.000 UI.

A nadie se le ocurre sostener tal afirmación, porque lo único que regula la Ley Integral son las características de los delitos antecedentes para ser considerados tales.

Una última reflexión

Lo que si me importa dejar planteado es el siguiente punto.

Mas allá que se considere que la instancia de parte se encuentra vigente o no respecto del delito de defraudación tributaria, un punto que me preocupa mas aún es el siguiente.

Un funcionario de cualquier organismo recaudador debe, reitero por las disposiciones del art. 177 del Código Penal, realizar la denuncia del acaecimiento de un delito de lavado de activos (sea la figura que sea) con delito precedente defraudación tributaria cuando, en el ejercicio de sus funciones así lo detecte. No deberá denunciar la defraudación tributaria (en el supuesto que se considere -como yo lo hago- que la instancia sigue vigente) pero si está obligado a denunciar -por su autonomía- (art. 36 de la Ley Integral) el delito de lavado.

Ello, en los hechos genera el mismo complejo problema para las administraciones tributarias.

Creo que el punto no ha sido visualizado en nuestro foro y que los operadores no son conscientes de esta circunstancia. También creo que este no es un efecto visualizado ni voluntario del sistema.

Ahora bien, la última interrogante de este post

Un administrado en esta situación ¿acordará con la administración?

Parece muy difícil…

Faltan pocos días para el inicio del perfeccionamiento en Derecho del Lavado de Activos uruguayo

Falta un poco más de una semana….

El próximo jueves 13 y viernes 14 doy inicio al primer perfeccionamiento del Derecho de Lavado de Activos en Uruguay en CADE.

4 meses de una intensa capacitación donde analizaremos todo el sistema nacional vigente tratando de evaluar el entorno internacional y nacional, sus limites y sus particularidades. Todo ello con una visión jurídico-teórica, pero también, muy práctica.

Les dejo el Flyer del Perfeccionamiento y el link https://www.cade.com.uy/cursos/perfeccionamiento-en-lavado-de-activos/ para todos aquellos que quieran inscribirse y formar parte de esta primer edición.

Les recuerdo que los cupos son limitados.

Escribanos no son sujetos obligados al realizar hipotecas

Insisto sobre algún aspecto vinculado a la debida diligencia establecida por las normas respecto de ciertos grupos de sujetos obligados porque constato, habitualmente, una gran confusión sobre las obligaciones legales y reglamentarias y su alcance.

Hoy analizare una situación habitual de consulta entre los Escribanos como sujetos obligados: ¿están los Escribano en situación de sujetos obligados al otorgar una hipoteca?

Para los Escribanos no es necesario realizar debida diligencia al otorgar una hipoteca

Como he indicado reiteradamente en el Manual de Lavado de Activos en Uruguay (en adelante «el Manual») (aquí les dejo el link para quien quiera descargarlo gratuitamente https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-lavado-de-activos-en-uruguay-manual-teorico-practico/ ) los sujetos obligados solamente lo son en en las calidades que la Ley lo determina y por las actividades que la misma indica.

Cualquier interpretación extensiva de situaciones no reguladas, por ser una interpretación de normas que limitan derechos humanos fundamentales, es prohibida siendo, la restrictiva, la forma adecuada de realizar cualquier interpretación de este tipo de normas.

Como ya he señalado anteriormente en un post en este mismo blog https://lavadodeactivosenuruguay.com/2018/03/14/inconsistencias-de-la-nueva-ley-integral-primera-parte-porque-frente-a-una-misma-operacion-un-abogado-puede-ser-sujeto-obligado-y-no-lo-sera-un-escribano-o-contador-o-viceversa/ el escribano solamente será sujeto obligado cuando actúe «para su cliente» (giro que a mi criterio, tal como lo he explicado en el Manual, refiere a la actuación de simple «…acompañamiento y asesoramiento por parte del profesional» al cliente, pág. 98 del Manual Teórico-Práctico) (también caber referir que el asesoramiento que indicamos es aquel que sobrepase el que implica determinar el «status jurídico del cliente», concepto excluido por la norma como generador de condiciones para ser sujeto obligado).

Ahora bien, el Escribano solo será sujeto obligado cuando, «para el cliente» realice algunas operaciones indicadas en el artículo 13, literal D, 1 a 6 y 8 de la Ley Integral.

En la norma indicada no se indica a la Hipoteca como una situación donde, el Escribano actuante, se convierta en un sujeto obligado.

Sin perjuicio, el literal 7 de la norma indicada, realiza una referencia que podría hacer cuestionarnos la afirmación que he realizado.

En efecto, indica la norma que el Escribano será sujeto obligado cuando actué «…por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria».

¿Qué quiere significar dicha indicación?

¿El otorgamiento de una hipoteca, de un derecho de usufructo, de superficie, de un contrato de arrendamiento o asimilado implica que el Escribano se convierta en un sujeto obligado?

Claramente no.

El Escribano solo se convertirá sujeto obligado en dicha circunstancia cuando actué «…por cuenta» del cliente.

¿Que implica actuar por “cuenta del cliente”?

A diferencia de la actuación «…para el cliente», como lo he desarrollado en el Manual (pág. 96 y siguientes), en mi opinión la actuación «por cuenta del cliente», exclusivamente puede interpretarse como la actuación por mandato sin representación.

¿De qué estoy hablando?

Sería la situación en que un Escribano actué en representación de un cliente, pero sin poder invocar que realiza la transacción mandatada en su representación. En la situación, el Escribano podría comprar una casa a nombre propio, pero por mandato de su cliente para luego, en un momento futuro, devolverla -por compraventa- al mandante.

Vinculado al análisis de la hipótesis de un contrato de hipoteca, el Escribano solo sería sujeto obligado cuando realice una hipoteca por mandato de su cliente y sin representación de este. Si bien el caso no es imposible, no es lo que acontece habitualmente.

Si el Escribano actúa otorgando una hipoteca para su cliente, lejos está de encontrarse incurso en la situación indicada y, por tanto, no se encuentra en situación de sujeto obligado.

Siendo ello así, ninguna obligación administrativa le es exigible y no deberá realizar ninguna de las obligaciones típicas de los sujetos obligados (debida diligencia, conocimiento del cliente, origen de fondos, búsquedas, etc).