A solicitud de un colectivo de sujetos obligados no financieros he realizado un informe sobre la legalidad de la modificación propuesta por el art. 221 de la LUC al art. 17 de la Ley Integral de Lavado de Activos.

Del mismo creo que queda suficientemente demostrado, desde un punto de vista jurídico, que la modificación propuesta no hará incurrir al país en una violación de los acuerdos ratificados vinculados al cumplimiento de la Recomendación del GAFI.

He sostenido esta idea desde el primer día en que tomó estado público el proyecto de modificación.

También ha habido otras voces, al principio duramente contrarias a la modificación, y hoy no tanto, que postulaban que la modificación propuesta era una flagrante violación a las responsabilidades internacionales asumidas por nuestro país.

En mi opinión, tales críticas no tienen ningún asidero y no son justificadas.

Sin perjuicio, la norma es mejorable y se podría reformar con pequeños ajustes para que pueda haber un consenso entre la reforma buscada en los hechos -el facilitamiento de la actividad de control de ciertos sujetos obligados financieros y no financieros, el quitar obstáculos injustificados a un número enorme de operaciones lícitas que se complejizan por la actual redacción de la Ley Integral- y las opiniones contrariarías de ciertos operadores.

Así, se podría aclarar que la debida diligencia simplificada acaezca cuando la operación no presenta signos de sospecha, cuando corresponda a sujetos o bienes no provenientes de países sancionados o de alto riesgo, depósitos en bancos del exterior, etc.

Bueno, a efectos de no extenderme en esta entrada, les dejo el informe realizado para que cada uno saque sus posiciones y tome su postura tal como siempre hemos hecho en este blog.