La reciente reforma del sistema PLAFT amplía de forma significativa el universo de sujetos obligados no financieros. Se incorporan nuevos actores, se extienden categorías existentes y se refuerzan las facultades de acceso a la información.

En principio, todo parece ir en la dirección correcta.

Sin embargo, hay una pregunta incómoda que vale la pena plantear:

¿el sistema tiene capacidad real para controlar todo lo que ahora regula?

La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 ya había identificado un problema claro: limitaciones en la capacidad operativa de los organismos encargados de la supervisión, especialmente en términos de recursos humanos, herramientas y capacidad de análisis.

Frente a ese diagnóstico, la reforma responde ampliando el sistema:

• más sujetos obligados
• más obligaciones
• más información

Pero no se advierte —al menos en forma visible— un fortalecimiento equivalente del aparato de control.

El riesgo es evidente:

más regulación no necesariamente implica más control.

Si el sistema no cuenta con capacidad suficiente para procesar, analizar y actuar sobre la información que recibe, la expansión normativa puede derivar en:

• sobrecarga regulatoria
• acumulación de información sin procesamiento
• cumplimiento formal sin efectividad real

A esto se suma otro elemento relevante: algunos cambios introducidos —como el desplazamiento de determinadas actividades hacia la órbita de la SENACLAFT— no aparecen acompañados de una explicación clara en la discusión parlamentaria ni de una justificación técnica explícita.

Esto plantea una segunda tensión:

¿la reforma responde al diagnóstico del sistema o avanza en otra dirección?

El enfoque basado en riesgo no exige regular más, sino regular mejor.
Y, sobre todo, exige asignar recursos donde realmente importan.

En definitiva, el desafío no es únicamente ampliar el sistema, sino hacerlo de forma coherente y eficaz.

Porque en materia de prevención:

sin capacidad operativa, el control es solo aparente.